Periodismo en Línea - En el Perú se registran hasta 23 denuncias diarias de violación a menores de edad, muchas de las cuales tuvieron como consecuencia la muerte de las víctimas y la impunidad de los agresores. Por ello el presidente peruano Alan García ratificó ayer su propuesta para reimplantar la pena de muerte para violadores de niños instruyendo al Congreso a debatir un proyecto de ley que además impulsaría un referéndum para que los más de 16 millones de peruanos decidan.
El tema ha generado una gran polémica que se refleja no sólo en los foros de opinión de los medios de comunicación, como radio, prensa y televisión, sino también entre conservadores y grupos de defensa de los derechos humanos de los menores.
Sin olvidar que fue una de sus promesas más acaloradas de campaña, García dijo que agotaría todos los recursos para lograr esa máxima sanción.
Insistió en que la sociedad, de una buena vez, “tiene que defenderse de estos criminales”, teniendo en su defensa “sanciones mucho más severas”, pues sólo así los niños peruanos “estarán más seguros“.
“Yo, personalmente, creo que nuestra sociedad necesita más rigor y más orden, más ante el crimen atroz que es la violación seguida de asesinato de niños menores. Creo pues que esa gente no tiene derecho a vivir, así sencillamente”, enfatizó.
Y pese a que admitió que estar a favor o en contra de la pena de muerte está vinculado a ciertos criterios “religiosos”, recalcó que está a favor de la “reinstauración” de la pena capital porque a él le preocupa más “que nuestros hijos estén seguros y que las madres del Perú sientan que ellas y sus hijos son protegidos por el Estado”.
Asimismo, destacó que, en este aspecto, la libertad es fundamental y recordó que en la Asamblea Constituyente de 1979 se “dejó en libertad a los asambleístas para adoptar una decisión sobre este tema” y que “ellos no estaban sujetos al mandato de un partido”.
Conservadores atacan
Pero dicha propuesta ha generado un duelo verbal de grueso calibre. Ayer un grupo de parlamentarios protagonizaron un duelo verbal en una radioemisora local. Aldo Estrada, de UPP, y Lourdes Alcorta, de UN, opinaron sobre la viabilidad de la pena de muerte para los violadores de niños.
Estrada advirtió que no se puede caer en el “populismo” y “primitivismo del ojo por ojo y diente por diente”. Más aún cuando existen estudios penitenciarios que demuestran que esta sanción no es disuasiva al no haber reducido el índice de violaciones en los países que se ha aplicado.
Aclaró que la pena capital implicaría denunciar varios tratados internacionales sobre los derechos humanos, por lo que es preferible que se aplique la cadena perpetua y la castración química voluntaria.
Ante esto, Alcorta afirmó que a ella le importa “un rábano” los defensores de los derechos humanos y “un pepino” las objeciones legales que se hacen para la aplicación de la pena de muerte.
“A quién debemos defender: a los violadores o a los niños ultrajados y asesinados?”, preguntó, tras aseverar que se debe eliminar a los “desgraciados, malditos y miserables” que cometen abuso sexual.
Alertó además que la castración química no soluciona nada, pues la libido sexual se encuentra en la mente, y eso se anula quitándole la vida al agresor
Publicado 08 de Agosto 2006
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